Redacción Internacional DSD.- La situación judicial del cantante español Julio Iglesias se complica. A una semana de hacerse públicas las denuncias de dos extrabajadoras que lo acusan de presuntas agresiones sexuales, ahora se suman tres extrabajadores técnicos y de mantenimiento que han presentado demandas por despido improcedente, relacionadas con su vinculación laboral en la mansión del artista en Punta Cana, República Dominicana.
Las nuevas acciones legales, reveladas tras una investigación conjunta de ElDiario.es y Univision, coinciden con la investigación preprocesal abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, que analiza las graves acusaciones formuladas por dos mujeres dominicanas que trabajaban para el intérprete.
Demandas laborales: “No éramos criados, era una estructura empresarial”
Los tres extrabajadores denuncian que realizaban labores técnicas, de mantenimiento general y de conducción, aunque en sus contratos figuraban como “criados” o empleados domésticos, una categoría que en la legislación dominicana reduce la protección laboral y limita las indemnizaciones por despido injustificado.
Según los demandantes, esta clasificación no se ajustaba a la realidad del complejo de Punta Cana, el cual —afirman— funcionaba más como una estructura empresarial que como una vivienda privada. Uno de ellos asegura que en la finca existen instalaciones profesionales, como un estudio de grabación, y que incluso se habrían alquilado edificaciones del recinto, versión que ha sido negada por el propio Iglesias.
“Actuaban como en tiempos de colonización”, denuncia abogado
El abogado de los hermanos Villanueva, Eloy Bello Pérez, criticó duramente el trato recibido por sus clientes y sostuvo que “Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización”, al no reconocerles la categoría profesional que, a su juicio, les correspondía.
Los hermanos reclaman indemnizaciones por años de servicio y el pago íntegro de prestaciones laborales, tras considerar que fueron despedidos de manera irregular.
Un conflicto que se arrastra desde 2020
Aunque el caso ha cobrado notoriedad ahora, el litigio laboral se remonta a 2020. En una primera instancia, el Juzgado de Trabajo de La Altagracia condenó al artista al pago de 900 y 450 euros, montos considerados irrisorios por los demandantes, quienes apelaron la decisión.
En 2024, una instancia superior volvió a fallar a su favor y elevó la indemnización a 53.000 euros, lo que motivó un nuevo recurso por parte de la defensa de Iglesias. La próxima vista judicial está prevista para febrero, y a la causa se ha incorporado un tercer exempleado, pintor y soldador, que reclama cerca de 5.000 euros por despido injustificado.
El testimonio del tercer demandante: “Fue un abuso”
El tercer denunciante es Evenson Lindor, pintor y soldador de nacionalidad haitiana, quien trabajó entre 2019 y 2023. Lindor relata un episodio tenso con el cantante tras negarse a realizar una tarea que consideró peligrosa en la playa privada del complejo.
Según su testimonio, Iglesias le habría increpado con la frase “¿Tú quieres trabajar aquí?”, y tras el despido le ofreció una liquidación muy inferior a la legal, asegurándole que “no te toca nada”. Lindor califica el trato recibido como “un abuso”.
Iglesias pide personarse en la investigación de la Fiscalía
Paralelamente, Julio Iglesias ha contratado al reconocido abogado José Antonio Choclán para liderar su defensa frente a la investigación de la Fiscalía por un supuesto delito de agresión sexual. El objetivo inmediato de su equipo legal es personarse en las diligencias preprocesales para evitar lo que consideran una situación de indefensión.
Fuentes cercanas al artista señalan que la defensa solicitará acceso total a las actuaciones, al considerar que la información está siendo controlada y filtrada a determinados medios. De no permitirse su presencia en esta fase, advierten que se vulnerarían sus derechos fundamentales.
¿Qué son las diligencias preprocesales?
Las diligencias preprocesales constituyen una fase preliminar de investigación penal, dirigida por la Fiscalía antes de que el caso llegue a un juzgado. Su finalidad es determinar si existen indicios suficientes de delito, identificar posibles responsabilidades penales y decidir si procede archivar el caso o presentar denuncia o querella ante un juez.
José Antonio Choclán, el abogado de los casos mediáticos
Choclán es una figura destacada en el ámbito penal español, conocido por su participación en casos de alto perfil y por alcanzar acuerdos favorables con la Fiscalía. Entre sus clientes figuran Carlos Iglesias, hermano del cantante, y el futbolista Cristiano Ronaldo, a quienes defendió en causas por presunto fraude fiscal.
Actualmente también representa al empresario Víctor de Aldama, implicado en la llamada trama Koldo. Su estrategia de colaboración con la Justicia logró reducir significativamente la petición de pena de la Fiscalía. Más recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la absolución de Luis Medina en el caso mascarillas, otro de sus sonados triunfos judiciales.
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