Santo Domingo.– La ley que autoriza al Poder Ejecutivo a saldar una deuda acumulada con ingenieros, contratistas y empresas constructoras que ejecutaron obras públicas sin la formalización de contratos se encuentra en la antesala de su promulgación, en medio de expectativas, cuestionamientos técnicos y reclamos históricos de un sector que durante años ha exigido el reconocimiento de pagos pendientes por parte del Estado dominicano.
El proyecto fue convertido en ley por el Congreso Nacional el pasado 12 de enero, tras ser aprobado por ambas cámaras legislativas, y actualmente reposa en el Poder Ejecutivo, a la espera de la decisión final del presidente de la República, quien deberá promulgarla u observarla dentro del plazo constitucional.
Periodistas acreditados en el Palacio Nacional intentaron contactar a la Consultoría Jurídica de la Presidencia para confirmar el estatus actual de la pieza legislativa y conocer si existen observaciones o reparos legales antes de su promulgación; sin embargo, hasta el momento no fue posible obtener una versión oficial de las autoridades.
Un pasivo arrastrado por décadas
La normativa surge como respuesta a un problema estructural que se ha repetido durante décadas en la administración pública: la ejecución de obras de infraestructura sin el debido respaldo contractual, muchas veces iniciadas por órdenes verbales, resoluciones administrativas incompletas o situaciones de urgencia, especialmente en gobiernos locales y entidades descentralizadas.
Ingenieros y empresas afectadas han denunciado que, pese a haber concluido obras como carreteras, edificaciones públicas, sistemas de drenaje, centros educativos y otras infraestructuras, el Estado no les reconoció los pagos correspondientes debido a la ausencia de contratos formales, lo que les impidió reclamar judicialmente o ser incluidos en los sistemas regulares de pago gubernamental.
Qué establece la ley
La ley aprobada faculta al Poder Ejecutivo a reconocer y pagar una deuda económica aún no cuantificada de manera oficial, previa evaluación técnica, legal y financiera de cada caso. Para ello, se contempla la creación o utilización de mecanismos de verificación que permitan validar la existencia de las obras, su nivel de ejecución, su utilidad pública y el monto real adeudado.
Asimismo, la pieza busca establecer un marco excepcional que permita resolver estas obligaciones sin sentar precedentes que fomenten la ejecución de obras al margen de la Ley de Compras y Contrataciones, uno de los principales puntos de preocupación expresados por sectores técnicos y de la sociedad civil.
Debate y preocupaciones
Durante su paso por el Congreso, el proyecto generó debates sobre la necesidad de hacer justicia a profesionales que prestaron servicios al Estado, frente al riesgo de que la ley pueda abrir la puerta a reclamaciones fraudulentas o debilitar los controles institucionales.
Legisladores que respaldaron la iniciativa insistieron en que se trata de una solución extraordinaria a un problema heredado, mientras que críticos advirtieron sobre la importancia de que el proceso de validación sea riguroso, transparente y auditado, para evitar irregularidades o pagos indebidos.
Expectativas del sector ingeniería
Gremios de ingenieros y constructores han recibido la aprobación de la ley con cauteloso optimismo, al considerar que representa una oportunidad para saldar compromisos que han afectado la estabilidad financiera de numerosos profesionales y empresas, algunos de los cuales arrastran deudas bancarias, procesos legales y quiebras derivadas de la falta de pago estatal.
No obstante, el sector espera que la promulgación venga acompañada de reglamentos claros, plazos definidos y un proceso ágil, que evite que la ley se convierta en una promesa más sin ejecución efectiva.
A la espera de la firma presidencial
Con el reloj constitucional en marcha, la atención se centra ahora en el Palacio Nacional. La promulgación de esta ley marcaría un paso significativo en el intento de cerrar un capítulo pendiente en la administración pública, al tiempo que reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer la planificación, la transparencia y el respeto a los procedimientos legales en la ejecución de obras del Estado.
Mientras tanto, ingenieros, contratistas y observadores del ámbito institucional permanecen atentos a una decisión que podría tener un impacto económico y político de amplio alcance.
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