Santo Domingo, DN.- El juez Raymundo Mejía decidió este lunes 15 de junio de 2026 enviar a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la desaparecida discoteca Jet Set, al considerar que existen elementos probatorios suficientes para que enfrenten un proceso penal por el colapso del techo del establecimiento ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025, tragedia que provocó la muerte de 236 personas y dejó más de un centenar de heridos.
La decisión judicial marca un punto de inflexión en uno de los casos más impactantes y sensibles que ha vivido la República Dominicana en las últimas décadas, debido a la magnitud de las pérdidas humanas, el número de familias afectadas y la repercusión nacional e internacional del suceso.
Con su resolución, el magistrado puso fin a la etapa preliminar del proceso, durante la cual evaluó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa para determinar si procedía la apertura de un juicio o la emisión de un auto de no ha lugar.
Tras analizar la acusación formal, el tribunal concluyó que corresponde que un tribunal de juicio examine a profundidad las evidencias reunidas por los órganos de investigación y establezca, en una fase posterior, si existe responsabilidad penal de los imputados.
Acusación del Ministerio Público
El Ministerio Público acusa a Antonio y Maribel Espaillat de homicidio involuntario y de causar golpes y heridas involuntarias, al sostener que incurrieron en una serie de acciones y omisiones que habrían contribuido al colapso de la estructura.
Los fiscales afirman contar con cientos de elementos probatorios, entre informes técnicos, peritajes, documentos administrativos, testimonios de sobrevivientes, declaraciones de empleados, registros de mantenimiento y otras evidencias que, según sostienen, comprometen la responsabilidad de los propietarios.
De acuerdo con la acusación, los imputados habrían incrementado considerablemente la carga sobre el techo de la edificación mediante la instalación de equipos de climatización de gran tamaño, sistemas mecánicos y depósitos de agua, sin realizar las evaluaciones estructurales necesarias para determinar si la infraestructura podía soportar ese peso adicional.
Asimismo, el órgano acusador sostiene que los propietarios ignoraron señales de deterioro progresivo en la estructura, desatendieron advertencias relacionadas con el estado del techo y privilegiaron criterios económicos por encima de las recomendaciones técnicas que habrían permitido reducir los riesgos.
Los fiscales argumentan que esas decisiones crearon una situación de peligro permanente que terminó materializándose en la tragedia ocurrida durante una concurrida actividad nocturna en el establecimiento.
Una tragedia que conmocionó al país
El derrumbe del techo de la discoteca Jet Set se produjo durante la madrugada del 8 de abril de 2025 mientras cientos de personas se encontraban dentro del centro de diversión, considerado durante décadas uno de los lugares de entretenimiento más emblemáticos de Santo Domingo.
El desplome ocurrió de manera repentina, provocando escenas de desesperación entre los asistentes y dando inicio a uno de los operativos de rescate más complejos realizados en territorio dominicano.
Equipos de emergencia, miembros de los cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), personal médico, militares y decenas de voluntarios trabajaron durante varios días en la remoción de escombros y la búsqueda de sobrevivientes.
La magnitud de la tragedia generó una profunda conmoción nacional, múltiples jornadas de duelo y una amplia discusión pública sobre la seguridad de las edificaciones destinadas a espectáculos y actividades masivas.
Arrestos y medidas de coerción
Como parte de la investigación, Antonio y Maribel Espaillat fueron arrestados el 12 de junio de 2025.
Posteriormente, el tribunal encargado del conocimiento de las medidas de coerción dispuso una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades judiciales.
La decisión fue objeto de debates y cuestionamientos por parte de familiares de víctimas, sectores de la sociedad civil y representantes legales de querellantes, quienes reclamaban sanciones más severas debido al elevado número de fallecidos.
Contraperitaje solicitado por la defensa
Durante el desarrollo de la fase preparatoria, la defensa de los hermanos Espaillat obtuvo autorización judicial para realizar un contraperitaje independiente sobre la estructura de la discoteca.
La autorización fue concedida el 29 de septiembre de 2025 con el objetivo de que expertos contratados por la defensa pudieran examinar los informes técnicos elaborados durante la investigación oficial y presentar sus propias conclusiones sobre las causas del colapso.
Los abogados de los imputados han sostenido que existen aspectos técnicos que deben ser debatidos ampliamente durante el juicio y han insistido en que la responsabilidad de la tragedia no puede atribuirse de manera automática a sus representados.
Lo que sigue en el proceso
Con la apertura a juicio ordenada por el juez Raymundo Mejía, el expediente pasará ahora a un tribunal de fondo, donde se desarrollará la fase más importante del proceso penal.
Durante el juicio, el Ministerio Público, los querellantes y la defensa presentarán pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar sus respectivas posiciones.
Será en esa etapa cuando se escuche a expertos en ingeniería estructural, especialistas en construcción, sobrevivientes, familiares de víctimas y otros testigos considerados clave para esclarecer las circunstancias que rodearon el colapso.
La decisión final que emita el tribunal determinará si los acusados son declarados culpables o inocentes de los cargos formulados por la Procuraduría.
Un proceso llamado a sentar precedentes
Juristas consultados durante el desarrollo del caso han coincidido en que el proceso judicial derivado de la tragedia del Jet Set podría convertirse en un precedente importante para la determinación de responsabilidades penales en casos relacionados con fallas estructurales, seguridad de edificaciones y gestión de riesgos en establecimientos abiertos al público.
La magnitud de la tragedia, la cantidad de víctimas y el impacto social que produjo han convertido el expediente en uno de los casos judiciales más observados de la historia reciente dominicana.
Mientras familiares de las víctimas continúan reclamando justicia, el país permanece atento al desarrollo de un juicio que busca establecer responsabilidades por una catástrofe que dejó una huella imborrable en la sociedad dominicana y que transformó para siempre la discusión sobre la seguridad en espacios de entretenimiento masivo.
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