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Los opositores ultiman los preparativos
para su consulta popular.
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Ante la jornada de este domingo,
compartida entre el simulacro y la consulta opositora, Henrique Capriles
responsabilizó al gobierno de cualquier hecho de confrontación que se pueda
generar ese día.
CARACAS.- El
proceso constituyente que impulsa el Gobierno venezolano mantiene movilizado al
chavismo, que afinó este viernes su maquinaria para practicar este domingo las
elecciones a la Constituyente, y a la oposición, que prevé que 11 millones de
personas expresarán ese día su rechazo al cambio de Carta Magna.
El 16 de julio los
venezolanos están llamados a expresar su apoyo o rechazo a la Constituyente
propuesta por el presidente, Nicolás Maduro, en una consulta convocada al
margen del Gobierno por la oposición, que ve este proceso como un intento del
oficialismo de “consolidar la dictadura” y aspira a detenerlo.
Este mismo
domingo, el chavismo hará un simulacro, convocado por el Poder Electoral, sobre
las elecciones del próximo 30 de julio, día en que se escogerán a los
redactores del nuevo y eventual ordenamiento jurídico del país.
El jefe de campaña
del oficialismo para la elección de la Constituyente, Héctor Rodríguez, ha
dicho que para este simulacro hay 2.000 puntos instalados en todo el país, y
2.000 máquinas electorales.
Ante esta
actividad, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a
su estructura de movilización, con la que pretende probar toda la maquinaria
electoral.
“Esta es una
instrucción a todos los comandos de campaña, que este domingo, aparte de hacer
el simulacro, vamos a aprovechar el Comando Zamora
para probar toda la maquinaria electoral”, dijo Rodríguez en un encuentro con
la militancia, en referencia al comando de campaña para la Constituyente.
Según Rodríguez,
el operativo será para “corregir” todo lo que deba corregir, “y llegar al 30 de
julio en una elección perfecta”. Rodríguez, que además es candidato en este
proceso, pidió a los movimientos sociales y a los partidarios de la llamada
“revolución bolivariana” seguir “afinando los 1x10”, un mecanismo que orienta a
cada militante a movilizar al menos a diez electores.
Mientras tanto,
los opositores ultiman los preparativos para su consulta popular, un proceso
sin aval ni logística del CNE y que las autoridades han considerado ilegal.
El dos veces
candidato a la presidencia de Venezuela Henrique Capriles señaló este viernes apoyándose
en un estudio de la encuestadora Datanálisis que se espera la participación de
al menos 11 millones de personas en esta consulta.
“Eso sin contar a
quienes viven en el exterior. Si el domingo salen 11 millones de venezolanos,
el día lunes pasaremos a una etapa de más presión. La hora cero depende de la
contundencia de este 16 de julio. Las próximas horas son decisivas”, dijo el
líder opositor.
Además, resaltó
que ese día los venezolanos ofrecerán “un mensaje bien claro” y que el Gobierno
“tendrá que respetar esa decisión”.
Ante la jornada
del domingo, compartida entre el simulacro y la consulta opositora, Capriles
responsabilizó al gobierno de cualquier hecho de confrontación que se pueda
generar ese día.
Entretanto, y en
el marco del choque entre poderes que atraviesa el país caribeño, el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) acordó someter el próximo lunes a la prueba del
polígrafo a la fiscal general, al defensor del Pueblo y el contralor general,
quienes conforman el Poder Ciudadano de la República.
“En base a la
investigación que cursa el TSJ sobre un antejuicio de mérito a la fiscal general
en torno a calumnias hechas contra miembros del Poder Ciudadano, anuncio que el
Tribunal Supremo de Justicia acordó realizar a miembros del Poder Ciudadano la
prueba del polígrafo el lunes 17”, informó el defensor, Tarek William Saab, en
Twitter.
Según el
ombudsman, la prueba del polígrafo, también conocida como “detector de
mentiras”, debe ser realizada por la policía científica de ese país (Cicpc).
Saab ha aceptado
que le sea realizada la “prueba de la verdad” para esclarecer los hechos donde
la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, “acusó falsamente” a la Contraloría y la
Defensoría del Pueblo de “no haber convocado, ni hecho” una reunión para
preseleccionar a los magistrados de la alta corte, que a ojos de la fiscal
fueron designados de manera ilegítima.
Ortega se ha
declarado en rebeldía respecto a las sentencias del TSJ, que le ha congelado
las cuentas bancarias y le ha prohibido salir del país como medidas cautelares
previas a su decisión sobre la existencia de motivos para enjuiciarla.
El alto tribunal
tomó esta decisión semanas después de que la fiscal denunciara una ruptura del
hilo constitucional por parte del Supremo.
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