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La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se
enfrenta
a manifestantes durante una protesta.
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El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami,
advirtió que la justicia militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la
elección de la asamblea constituyente.
NACIONES UNIDAS.- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
pidió este viernes al gobierno venezolano que no use la justicia militar para
juzgar a civiles, una práctica a la que ha sido sometida casi medio centenar de
personas y a la que el gobierno no parece querer renunciar.
"Urgimos al
gobierno a que inmediatamente deje de usar la justicia militar para juzgar a
civiles, algo que es contrario a la ley internacional de derechos humanos,
particularmente con respecto al debido proceso y a las garantías",
afirmó Elizabeth Throssell, portavoz de la Oficina, en rueda de prensa.
El ACNUDH instó a
todas las partes a utilizar “únicamente medios pacíficos para hacerse oír”, y a
las autoridades a garantizar los derechos a la libertad de expresión,
asociación y reunión pacífica en el país.
El vicepresidente
Tareck el Aissami advirtió ayer que la justicia militar encarcelará a aquellos
que obstaculicen la elección de la asamblea constituyente, proceso que tendrá
lugar el próximo 30 de julio.
Este es el comunicado de la ONU.- “La situación en Venezuela continúa siendo motivo de
profunda preocupación, y nuevamente instamos a todas y todos en el país a
utilizar únicamente medios pacíficos para hacerse oír.
Tomamos nota de
que está prevista una consulta pública para este domingo, organizada por la
Asamblea Nacional -dirigida por la oposición- y otros grupos, sobre asuntos
como los planes del Presidente Nicolás Maduro de reescribir la Constitución.
Instamos a las autoridades a respetar los deseos de quienes quieren participar
en esta consulta y a garantizar los derechos de las personas a la libertad de
expresión, asociación y reunión pacífica.
Desde el 1 de
abril, unas 92 personas han fallecido y otras 1.519 han resultado heridas en
relación con las protestas en curso, según las últimas cifras disponibles de la
Fiscalía General de la República. Sin embargo, se estima que el número de
personas lesionadas es mucho mayor. Es vital que el gobierno adopte medidas
para que las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional Bolivariana y
la Policía Nacional Bolivariana, no realicen un uso excesivo de la fuerza
contra los manifestantes y actúen de acuerdo con las normas internacionales de
derechos humanos en la gestión de las manifestaciones.
Hemos recibido
información de varias fuentes dando cuenta de que algunos miembros de las
fuerzas de seguridad venezolanas han utilizado tácticas represivas, intimidando
e infundiendo temor, para tratar de disuadir a la gente de manifestarse.
Además, se ha informado de que miles de manifestantes han sido detenidos
arbitrariamente, y nos preocupa que más de 450 civiles han sido presuntamente llevados
ante tribunales militares. Instamos al Gobierno a poner fin de inmediato a esta
práctica, que es contraria al derecho internacional de los derechos humanos, en
particular de las garantías del debido proceso. Las y los civiles acusados de
un delito o un acto ilegal deben comparecer ante un tribunal civil. Todas las
personas que han sido detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad.
Hacemos un llamado
a todas las partes en Venezuela a renunciar a la violencia y al hostigamiento
de opositores. En este sentido, condenamos todos los actos de violencia, tales
como la explosión ocurrida el pasado 10 de julio, que hirió a siete oficiales
de la Guardia Nacional en la zona de Altamira, en Caracas.
Expresamos nuestra
esperanza de que la consulta del domingo se realice de manera pacífica y en el
pleno respeto de los derechos humanos de todas y todos”.
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