La situación no se limita a la masificación del parque vehicular, sino que se agrava por la indisciplina y la impunidad con la que muchos motociclistas transitan, violando sistemáticamente las leyes de tránsito y poniendo en peligro la vida de quienes comparten las vías.
Este fenómeno ha sido favorecido por un cóctel de informalidad, falta de regulación, permisividad y, en muchos casos, la inacción —o incluso complicidad— de las autoridades responsables de hacer cumplir la ley.
Más de 3.5 millones de motocicletas circulando
De acuerdo con datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al cierre de 2024 el parque vehicular en el país ascendía a 6,194,052 unidades. Entre enero y junio de 2025, se han registrado 208,168 vehículos nuevos, de los cuales un 69% son motocicletas.
Esto eleva a más de 3.5 millones la cantidad de motos en circulación, lo que representa una porción significativa del total de vehículos en el país, con tendencia a seguir en aumento antes de finalizar el año.
“Fantasmas” en la vía
Recorrer las principales arterias del Gran Santo Domingo evidencia un patrón de comportamiento temerario: motociclistas circulando sin luces, sin documentos, sin respeto por las señales de tránsito y, en muchos casos, sin casco protector.
Muchos de estos vehículos son conducidos por personas sin licencia, sin matrícula y sin seguro, lo que imposibilita su identificación en caso de accidentes y alimenta una peligrosa cultura de impunidad.
Acrobacias, caos y riesgo constante
Conductas como “calibrar” —elevar la rueda delantera mientras se conduce— se han vuelto frecuentes, al igual que el zigzagueo entre vehículos, adelantar por la derecha, invadir carriles contrarios y cruzar semáforos en rojo.
En las intersecciones, se observa con normalidad cómo se aglomeran frente a los autos detenidos, tomando ventaja cuando el semáforo aún está en rojo. Estas maniobras, además de temerarias, entorpecen el tránsito y elevan el estrés en los demás conductores.
Repartidores sin reglas
La explosión de servicios de entrega a domicilio ha multiplicado la presencia de motociclistas sin que esto vaya acompañado de una capacitación adecuada en educación vial. La figura del mal llamado “delivery” (en inglés, "delivery" es la acción de entregar, no la persona que entrega) se ha convertido en símbolo del desorden en las calles.
La mayoría opera sin supervisión, con urgencia por cumplir tiempos de entrega, lo que los lleva a asumir riesgos extremos que comprometen su seguridad y la de terceros.
Un casco puede salvar una vida... pero pocos lo usan
La ausencia del uso de cascos certificados es otra preocupación crítica. Se estima que más del 55% de las muertes por accidentes de tránsito en el país involucran motocicletas, y una parte considerable de estas tragedias se debe a la falta de protección básica.
Ley sin aplicación: el gran talón de Aquiles
La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece claramente las infracciones y sanciones correspondientes, pero su aplicación a los motociclistas es, en la práctica, nula o errática.
La pasividad de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) es evidente. A diario se observan agentes presenciando infracciones flagrantes sin emitir una sola multa ni detener a los infractores.
Este abandono del deber ha erosionado la confianza pública y perpetúa la percepción de que los motoristas están “por encima de la ley”.
Un reto que exige acción inmediata
El problema ya no puede ser ignorado. Requiere de una intervención urgente, coordinada y sostenida entre las autoridades, el sector privado y la sociedad civil. La seguridad vial es un derecho de todos, y la anarquía sobre dos ruedas no puede seguir siendo la norma.
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