TC deja en suspenso ocho recursos de inconstitucionalidad: reelección presidencial y otros temas en debate

Las acciones abarcan desde la posibilidad de que Abinader pueda postularse nuevamente hasta el uso obligatorio de medios digitales en procesos judiciales.

El Tribunal Constitucional (TC) dejó este martes en estado de fallo ocho expedientes de inconstitucionalidad que abarcan temas de alto impacto nacional. Entre ellos destacan la controversia sobre la reelección del presidente Luis Abinader, la exclusión de defensores públicos en la normativa de porte y tenencia de armas, y la regulación del uso de herramientas digitales en procesos judiciales.

Reelección presidencial en discusión

La primera acción analizada fue interpuesta por los juristas Ángel Moreta y José Carela de la Rosa, quienes solicitaron declarar inconstitucional el artículo transitorio de la reforma promulgada en octubre de 2024.

La disposición impugnada establece que el mandatario electo en 2024 “nunca más podrá aspirar a la presidencia ni a la vicepresidencia”. Los accionantes sostienen que esta limitación viola el principio de irretroactividad de la ley, contemplado en el artículo 110 de la Constitución, pues restringe un derecho adquirido.

El Congreso Nacional defendió la validez de la norma y calificó el recurso como infundado. De igual modo, la Procuraduría General argumentó que una disposición contenida en la propia Constitución no puede ser declarada inconstitucional.

Defensores públicos y el porte de armas

Otro de los recursos conocidos fue presentado por los abogados Shesnel Calcaño Mena y Emmanuel Taveras Santos. Ellos solicitan que los defensores públicos sean incluidos entre los funcionarios con derecho vitalicio a portar armas de fuego, al considerar que se trata de un sector en riesgo por la naturaleza de los casos que deben asumir.

Calcaño recordó que la Ley 277-04 autoriza a estos profesionales a recibir del Estado un arma corta para su defensa personal, pero la Ley 631-16, sobre control y regulación de armas, no los incluye en la lista de funcionarios habilitados. El Senado rechazó la petición, mientras que la Cámara de Diputados dejó la decisión en manos del TC.

Audiencias virtuales en la Corte de Apelación

También fue impugnada la Resolución 21-2025 de la Suprema Corte de Justicia, que obliga al uso de medios digitales en los procesos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, debido al deterioro del edificio que la alberga.

Los demandantes, Amado Moquete, Mercedes Cruz y Robinson Martínez, alegaron que esta medida viola la Ley 339-22, la cual establece que las audiencias virtuales requieren el consentimiento expreso de las partes. La SCJ, por su parte, defendió la validez de la resolución al entender que no incurre en ninguna infracción constitucional.

Otros expedientes en espera de decisión

Durante la audiencia pública, el Pleno del TC también dejó en fallo:

• La impugnación del artículo 20 de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, presentada por Katherine Esther Arias Sánchez.

• La objeción del Movimiento para el Rescate del CARD (Moreca) contra varios artículos de la Ley 3-19, que regula el Colegio de Abogados.

• El recurso de Fernando Antonio Guzmán Castro y el Consorcio de Bancas Real contra la Ordenanza Municipal 2/2024 de Boca de Mao, en Valverde.

• La acción presentada por Lilia Fernández León contra artículos del Código de Ética del Colegio de Abogados, ratificado en 1983.

• El recurso de Wilton Martínez Almonte y otros contra una resolución emitida por el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Próximos pasos

La audiencia, que se prolongó por una hora, fue presidida por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente del TC. Las decisiones definitivas se darán a conocer en las próximas semanas y podrían marcar un precedente en materia de derechos políticos, ejercicio de la defensa pública y administración de justicia digital en el país.