Madrid, España.- Las principales organizaciones profesionales agrarias de España —Asaja, COAG y UPA— convocaron una semana de movilizaciones en todo el país para la última semana de enero de 2026, en protesta por lo que consideran amenazas directas al sector primario, entre ellas el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y los recortes previstos a la Política Agrícola Común (PAC).
Los presidentes de Asaja, Pedro Barato; de COAG, Miguel Padilla; y de UPA, Cristóbal Cano, explicaron este jueves 15 de enero, en una rueda de prensa conjunta, que las acciones buscan defender la rentabilidad del campo, exigir reciprocidad en los acuerdos comerciales y denunciar el incremento de los costos de producción y la carga burocrática.
Acto central el 29 de enero
El punto culminante de las protestas será el jueves 29 de enero de 2026, con movilizaciones generalizadas en todo el territorio nacional y al menos un acto previsto en Madrid. Para los días 26, 27, 28 y 30 de enero, las organizaciones otorgaron flexibilidad a sus delegaciones regionales para convocar acciones según las particularidades de cada territorio.
A estas protestas se suman movilizaciones ya en curso, como la concentración de ganaderos de la cornisa cantábrica en Irún y una tractorada prevista para este viernes 16 de enero en Extremadura. También se anuncian acciones en Toledo, el Levante y Valladolid, abiertas a la participación de otras organizaciones del sector.
Pedro Barato subrayó que “cualquier protesta, de cualquier organización, tiene nuestro respeto, comprensión y apoyo, siempre que sea en interés del sector agrario”, y no descartó que el calendario desemboque en una manifestación estatal más adelante.
Mercosur, en el centro del conflicto
El acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur es el eje principal de las movilizaciones. Asaja y COAG mantienen una postura más crítica, mientras que UPA reconoce avances, aunque insuficientes.
Barato expresó un rechazo “rotundo” al pacto “en su forma actual” por la “falta de reciprocidad” y su impacto “muy negativo” en sectores como el vacuno de carne, el azúcar, la remolacha y los cítricos. A su juicio, las cláusulas de salvaguarda son “imposibles de aplicar” y se quedarán en “palabras”, lo que derivará en “engaño” para el sector. Además, criticó el respaldo del Gobierno español al acuerdo “a cambio de nada” y advirtió de un perjuicio para los consumidores y la calidad alimentaria.
Desde COAG, Miguel Padilla defendió los acuerdos comerciales solo si se cierran “en igualdad de condiciones” y alertó de una competencia “absolutamente desleal”. Afirmó que la UE está “vendiendo al sector agrario por calderilla”, al recordar que la propia Comisión Europea estima un aumento del PIB comunitario de apenas 0,1 % con el acuerdo.
Según Padilla, su entrada en vigor provocaría la pérdida de más del 20 % de la producción europea de vacuno de carne, la práctica desaparición de zonas arroceras en España, un golpe definitivo a la remolacha, una “invasión de zumos” que afectaría al sector citrícola y daños al sector apícola.
Cristóbal Cano, de UPA, consideró que las cláusulas de salvaguarda suponen un “avance”, aunque “no son suficientes”, y pidió su aplicación ágil y un seguimiento constante. “Hemos conseguido, gracias a las movilizaciones europeas, que se nos tenga en cuenta, y seguiremos exigiendo que el sector agrario esté al mismo nivel que cualquier otro”, afirmó.
PAC, rentabilidad y burocracia
Las organizaciones también denunciaron los recortes y cambios anunciados para la próxima PAC, que, a su entender, podrían llevar a la “desaparición” de su arquitectura actual, debilitar a Europa y aumentar la renacionalización de la política agraria. Alertaron, además, de que desmantelar el segundo pilar —el desarrollo rural— supondría “el principio del fin de una PAC que ya no será común”.
La falta de rentabilidad por el encarecimiento de los insumos y el exceso de burocracia completan la lista de motivos que impulsan estas protestas, con las que el sector agrario busca presionar a las instituciones europeas y nacionales para corregir el rumbo de las políticas que afectan al campo.
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