El convenio, homologado por un tribunal bajo criterio de oportunidad, incluye decomisos millonarios, pago de indemnizaciones, disolución de compañías y colaboración con la investigación.
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público alcanzó un acuerdo histórico en el marco de la Operación Antipulpo, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra, hermano de la exprimera dama Cándida Montilla, junto a un grupo de empresas vinculadas a sus operaciones, aceptó su responsabilidad penal y se comprometió a resarcir al Estado dominicano con más de RD$3,000 millones.
El pacto, presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se sustenta en el criterio de oportunidad contemplado en el Código Procesal Penal.
Componentes del acuerdo
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Decomiso inmediato de RD$2,000 millones en efectivo, destinados a fortalecer las arcas del Estado.
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Pago de RD$600 millones a las distribuidoras eléctricas EdeEste, EdeSur y EdeNorte como indemnización por los daños ocasionados a través de contrataciones fraudulentas.
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Suma de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por compromisos fiscales.
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Entrega de un terreno valorado en RD$50.9 millones, ubicado en el Ensanche Naco, Distrito Nacional.
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Disolución en un plazo máximo de dos años de las empresas utilizadas como vehículo para las operaciones ilícitas, entre ellas: Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, NSD Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, Importadora Eaglerise, Watmax Lighting, Herrajes Eléctricos RPC y MG Solomon Corporation.
Fundamentos del proceso
El Ministerio Público estableció que Montilla Sierra utilizó sus empresas como plataforma para beneficiarse de contrataciones públicas de manera irregular, valiéndose de información privilegiada y de su cercanía con el poder político.
De acuerdo con el expediente, el imputado creó un monopolio de proveedores en el sector eléctrico, manipuló plazos de entrega, incurrió en estafas al Estado y pagó sobornos a funcionarios públicos con el fin de asegurar ventajas en los procesos de compras y contrataciones.
La acusación sostiene que estas prácticas provocaron pérdidas millonarias y deterioraron la operatividad de las distribuidoras eléctricas, generando deficiencias en un servicio esencial para el país.
Valoración de las autoridades
El titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, y la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, afirmaron que la decisión judicial representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, reforzando los esfuerzos encabezados por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El acuerdo fue firmado en representación de las distribuidoras por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), quien estuvo acompañado de un equipo legal encabezado por Miguel Valerio Jiminián.
Base legal de la decisión
El Ministerio Público invocó el artículo 370, numeral 6, del Código Procesal Penal, que faculta a aplicar el criterio de oportunidad cuando el imputado colabora eficazmente con la investigación, contribuye al esclarecimiento de los hechos y facilita información para evitar la continuación de actividades delictivas.
De esta manera, el acuerdo con Montilla no solo implica un resarcimiento económico de gran magnitud, sino también un precedente jurídico clave en los procesos de persecución de la corrupción administrativa en la República Dominicana.
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