Por Vianelo Perdomo
Santo Domingo.– Un nuevo episodio sacude la política dominicana, desde que el recién pasado jueves 20 de noviembre de 2025, el Ministerio Público (MP), en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), informara el arresto de 16 personas —entre ellos el exregidor por el municipio de Boca Chica y expresidente del Concejo de Regidores, Francisco Alberto Paulino Castro, apodado “Francis o El Compadre”, implicadas en una supuesta red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Este operativo incluyó 36 allanamientos simultáneos distribuidos entre el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo y San Pedro de Macorís; participaron 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD, según informó el director de Persecución del MP.
Entre los detenidos figuran empleados o contratados del Puerto Multimodal Caucedo, quienes supuestamente facilitaron operaciones ilícitas desde esa terminal marítima.
Según revelan los documentos oficiales, la presunta red ya había sido detectada luego de un decomiso de 200 paquetes de cocaína el 7 de noviembre de este año, como parte del seguimiento que culminó en el arresto del exconcejal.
Perfil de este implicado
Francisco Alberto Paulino Castro, apodado “Francis o El Compadre”, fue electo regidor en las elecciones municipales de 2020 por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y llegó a presidir la Sala Capitular de Boca Chica.
No obstante, su historial ya mostraba señalamientos previos: fue arrestado en 2010 por un supuesto contrabando de armas, bebidas y vehículos, y en 2012 por posesión de seis kilos de cocaína.
Este nuevo caso pone en evidencia los riesgos que conlleva la cercanía de figuras políticas con movimientos del crimen organizado y el narcotráfico, lo que a su vez erosiona la credibilidad de las instituciones que tienen la misión de limpiar la política.
Reacción política y consecuencias
El vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, declaró que “todo aquel que transgrede la norma está obligado a pagar por ello”, y reafirmó que el partido no tolerará impunidad para sus afiliados.
Por su parte, el presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el Gobierno mantiene una política de “impunidad cero” frente a la infiltración del narcotráfico en la vida pública, y advirtió que quienes tengan vínculos incluso internacionales podrían enfrentar extradición.
En la oposición, el diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Alcibíades Tavares, manifestó que el número de militantes o funcionarios del PRM vinculados al narcotráfico es “decenas y decenas” y exigió mayores filtros de parte de los partidos para evitar que personas con vínculos criminales lleguen al ejercicio público.
Asimismo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hace semanas había alertado sobre el fenómeno de la “narcopolítica” y pidió al oficialismo romper vínculos con esas redes.
Un patrón que se repite
Este arresto se suma a una ya larga lista de dirigentes, militantes y funcionarios vinculados al PRM que enfrentan investigaciones por narcotráfico o lavado de activos. Ejemplos destacados, entre estos:
Miguel Gutiérrez Díaz, exdiputado por Santiago, fue arrestado en 2021 en Miami, acusado de conspirar para distribuir cocaína hacia EE.UU., y en abril de 2024 fue condenado a 16 años de prisión.
Rosa Amalia Pilarte, exdiputada por La Vega, hallada culpable de lavar más de 4 400 millones de pesos provenientes del narcotráfico. Sentenciada a 5 años de prisión.
Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas (Azua), fue extraditado a EE.UU. en 2020 por importar al menos 79 kg de heroína desde el físico del Cártel de Sinaloa.
Otros cargos públicos o militantes señalados incluido el exfuncionario municipal Gaspar Antonio Polanco Virela, o el exasesor honorífico del Poder Ejecutivo Fabio Augusto Jorge Puras.
Este patrón revela un grave problema estructural: la penetración de redes ilícitas en la política, particularmente dentro del partido en el poder.
Implicaciones para el PRM y la gobernabilidad
El caso Paulino Castro tiene varias implicaciones de peso:
Credibilidad del partido: En momentos en que el PRM intenta presentarse ante la ciudadanía como un partido que rompe con la vieja política, cada nuevo caso mina su discurso y su autoridad moral.
Imagen gubernamental: Al estar el PRM al frente del Gobierno, la vinculación de sus militantes con narcotráfico genera desgaste en la gobernabilidad, en la percepción de transparencia y en los mecanismos de control institucional.
Mecanismos internos: Las declaraciones de la oposición y del propio partido revelan que los filtros internos para evitar que personas con historial delictivo accedan al ejercicio público han sido débiles o inexistentes.
Control institucional: La robustez del operativo —más de 300 agentes, 36 allanamientos— refleja un fortalecimiento del MP y la DNCD, pero al mismo tiempo subraya que la infiltración criminal se extendió lo suficiente para requerir esa magnitud de trabajo.
Expectativas de justicia: La audiencia de medida de coerción para Paulino Castro fue aplazada, lo cual genera expectativa sobre la transparencia del proceso y el rigor que se aplicará contra los imputados.
¿Qué sigue ahora?
El caso entrará en su fase judicial: se deberán celebrar las audiencias, presentar pruebas, y eventualmente decidir medidas de coerción y si se procede a juicio. Las autoridades del MP han señalado que respetarán el debido proceso, pero también han mostrado firmeza en aplicar la ley contra quienes atenten contra la institucionalidad.
Al mismo tiempo, el PRM debe afrontar una encrucijada: ¿cómo limpiará su militancia? ¿Cómo evitar que personas con supuestos vínculos delictivos lleguen a cargos públicos? ¿Qué mecanismos de transparencia e integridad pondrá en marcha?...
Mientras tato, la ciudadanía, desde luego, los estará observando.
Nuevo golpe para el PRM y la política dominicana
No hay duda alguna. La detención de Francisco Alberto Paulino Castro y otros 15 implicados en una supuesta red de lavado de activos vinculada al narcotráfico constituye un nuevo golpe para la política dominicana y, en particular, para el PRM.
Más allá del arresto, lo que queda en evidencia es una falla persistente en los controles internos de los partidos, en partcular el PRM, una penetración de lo presuntamente criminal en la cosa pública y un reto serio para la institucionalidad democrática del país. La reflexión debe alcanzar tanto al partido en el poder como al sistema político en su conjunto.
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