11 de Noviembre a oscuras: República Dominicana en pausa por prolongado apagón

El blackout nacional de este martes11 de noviembre de 2025 no es un fenómeno nuevo; los apagones han sido una sombra recurrente que define la vida pública, la economía y la confianza ciudadana en las últimas tres décadas. En la foto se observa cómo estaba la avenida 27 de Febrero la noche de este martes 22 de noviembre de 2025.

Por Vianelo Perdomo

Santo Domingo.- El mediodía se abrió y, como ocurre a veces cuando lo inesperado se apodera del ritmo cotidiano, de pronto se fue la luz. Fue primero un rumor —“se cayó la luz en tal barrio”— que en cuestión de minutos creció hasta convertirse en la certeza de miles: el país entero, o gran parte de él, había quedado a oscuras. 

El informe oficial del Ministerio de Energía y las principales cabeceras confirmaron que el evento se inició pasada la 1:00 de la tarde por una falla que salió de San Pedro de Macorís y, en cuestión de instantes, dejó fuera de operación la mayor parte de la generación: solo alrededor de 450 megavatios estaban funcionando, cerca del 15 % de la demanda habitual. 

El apagón paralizó el metro, detuvo elevadores, vació semáforos y dejó a hospitales, comercios y hogares a merced de generadores, linternas y de la paciencia de la ciudadanía.

Si la experiencia sorprendió a quienes la vivieron hoy, no lo hizo a quienes han seguido la historia eléctrica del país: los grandes “blackouts” han sido episodios cíclicos en la República Dominicana.

Según registros periodísticos y compilaciones del sector, el último apagón que subió al estatus de “general” —es decir, que dejó sin suministro extensas zonas del territorio— había ocurrido en mayo de 2015; aunque hubo cortes masivos en otras fechas (por ejemplo en 2020 se registraron fallas muy extendidas que algunos medios calificaron con distintos matices), los blackouts totales de escala nacional son golpes que rememoran viejos traumas sociales. 

Treinta años de luces que titilan

Recorrer la historia reciente de la energía eléctrica en el país es leer un mapa de subidas y caídas: privatizaciones, reformas, inversiones, ataques al sistema por averías puntuales, mala coordinación entre transmisión y generación, redes envejecidas y, muchas veces, el peso de decisiones políticas que priorizaron soluciones rápidas sobre planes estratégicos de largo plazo. 

Entre finales del siglo XX y las primeras dos décadas del XXI, la República Dominicana contabilizó decenas de apagones de gran magnitud; algunas crónicas periodísticas apuntan a más de medio centenar de eventos relevantes en las últimas tres décadas, una cifra que habla menos de mala suerte que de fragilidad estructural.

Las consecuencias: economía, salud y tejido social

Un apagón general es, en su efecto más visible, una interrupción: se detienen las operaciones en bancos, mercados, restaurantes y fábricas; las cámaras de seguridad se quedan mudas; los sistemas de agua que dependen de bombas eléctricas se ven comprometidos; y los hospitales pasan a depender de generadores que, si la falla es prolongada, pueden no ser suficientes para todo el equipamiento crítico. 

Para los comercios pequeños es una pérdida inmediata de inventario y ventas; para grandes centros de cuidado —como unidades de terapia intensiva—, una cuestión de vida o muerte que exige protocolos y recursos. La experiencia de años anteriores ha mostrado que los sectores más vulnerables —barrios populares, servicios públicos locales, escuelas sin planta eléctrica— son siempre los que sufren con mayor dureza.

En lo económico, los apagones tienen un efecto doble: el costo directo (pérdidas por paradas de línea, alimentos dañados, horas hombre perdidas) y el costo de confianza. Inversionistas y empresas que dependen de continuidad en la energía calculan primas por riesgo y costos de generación propia (plantas diésel, UPS, baterías) que, con el tiempo, erosionan competitividad y encarecen los servicios. 

Para la pequeña y mediana empresa, el golpe es particularmente cruel: no siempre hay colchón financiero para absorber el impacto de varias horas sin producción.

Políticamente, cada blackout abre una ventana de frustración ciudadana que exige respuestas: explicaciones técnicas, responsabilidades y, sobre todo, planes concretos de modernización.

La clase política suele prometer soluciones inmediatas y reformas; algunas vienen acompañadas de inversiones reales, otras quedan en anuncios. Lo que la historia muestra es que sin un enfoque integral —mejoras en transmisión, diversificación de la matriz, mantenimiento preventivo, control del robo de energía y gobernanza transparente— los apagones vuelven a repetirse.

Lecciones y saltos pendientes

Del balance de los últimos 30 años emergen tres lecciones claras. La primera: la generación no basta si la red de transmisión y distribución no está a la altura. Muchos apagones son “arrastrados” por fallas en líneas o subestaciones que desencadenan pérdidas de sincronía en toda la red. 

La segunda: el mantenimiento preventivo y la inversión constante son menos noticiables que la inauguración de una planta, pero mucho más efectivos para evitar interrupciones. 

La tercera: la resiliencia ciudadana —sistemas de salud con redundancias, comercios con respaldo energético, comunidades organizadas— atenúa el daño, pero no sustituye políticas públicas sólidas.

En la última década, el país ha avanzado en diversificar su matriz (incorporación de gas, plantas eficientes, energías renovables) y en proyectos para modernizar la transmisión. Pero las mejoras suelen chocar con deficiencias administrativas, dilaciones en contratos y, en ocasiones, con la falta de una planificación a prueba de contingencias. 

La pregunta que se repite tras cada apagón es la misma: ¿se aprenderá de este apagón para endurecer la red y reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir?

Una crónica que no olvida rostros

Más allá de los megavatios y los balances técnicos, la crónica necesita posar la mirada en las historias pequeñas: la enfermera que pasó la noche vigilando con linterna, el comerciante que perdió la mercadería, los estudiantes que vieron truncada una jornada de exámenes, los taxistas que batallaron para mantener sus equipos y los ancianos que dependían de equipos eléctricos. Estas escenas, repetidas a lo largo de tres décadas, suman un archivo de frustración y resistencia..

Cerrar con una imagen que puede repetirse: la ciudad que lentamente recupera la luz, pero que no se olvida de la sombra que la dejó sin pulso. 

Si algo enseñan las décadas de apagones es que la solución no es solo técnica ni exclusivamente financiera: exige voluntad política sostenida, transparencia en la gestión, participación ciudadana y una mirada estratégica que priorice la continuidad del servicio como parte esencial del derecho ciudadano al bienestar y al desarrollo. 

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, tras este apagón nacional, el desafío vuelve a estar sobre la mesa: transformar la experiencia de la oscuridad en una hoja de ruta para que, la próxima vez, la palabra “apagón” pertenezca al pasado y no a la memoria colectiva.