Escándalo Intrant: examen psicofísico licencias nunca se aplicó, pero recaudó 200 millones

El expediente de caso de presunta corrupción en dicho organismo, revela que, bajo la gestión de Rafael Arias, se pagaron más de 200 millones de pesos por un servicio médico inexistente y adjudicado a una empresa sin habilitación sanitaria. En la foto de archivo: Hugo Beras, Jochy Gómez y otros acusados son conducidos a sala de audiencia. 

Santo Domingo.– El examen psicofísico obligatorio para obtener o renovar licencias de conducir en República Dominicana nunca llegó a implementarse, aunque se recaudaron más de 200 millones de pesos por ese concepto, según revela la acusación formal de dicha Operación, presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

De acuerdo con el expediente, durante la gestión del entonces director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Ernesto Arias Ramírez, se firmó una adenda contractual con la empresa Dekolor, mediante la cual se modificó el contrato original de concesión para la emisión de licencias de conducir.

Esta adenda —identificada como “Primer Addendum al Contrato DJ-CBS-001-2020”— amplió el alcance del contrato, modificó su objeto y precio, e incorporó nuevos servicios, entre ellos la gestión de los Centros Médicos Psicofísicos (Cemeco) y las evaluaciones médicas requeridas para licencias.

Sin embargo, la Pepca afirma que Dekolor no contaba con habilitación ni registro sanitario para ofrecer servicios médicos. La Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud (DHSES) certificó, mediante el oficio DHSES-2025-01167, que no existen registros de centros identificados como Cemeco ni de empresas autorizadas a realizar evaluaciones psicofísicas para licencias.

En la foto, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Ernesto Arias Ramírez, a quien la Pepca vincula al "Caso Hugo Beras, Jochy Gómez y Compates".

 Adjudicación irregular y omisión de controles

El documento judicial acusa a Arias Ramírez de evadir el proceso de licitación pública, otorgando de manera directa el contrato a Dekolor, en violación de los principios de transparencia, libre concurrencia y legalidad administrativa.

Según la acusación, esta acción tuvo como propósito favorecer los intereses económicos de José Ángel Gómez Canaán (Jochi), quien controlaba la empresa Dekolor y utilizó la adenda para extender su dominio económico sobre nuevas fuentes de recaudación estatal.

Al momento de firmarse la modificación contractual, Dekolor estaba registrada únicamente para actividades de impresión, diseño e implementación de licencias, carnets y documentos de seguridad, además del desarrollo de sistemas informáticos, sin incluir servicios médicos o sanitarios.

Pese a ello, tras la adenda, la empresa comenzó a cobrar mil pesos dominicanos por cada solicitante por concepto de exámenes psicofísicos, sin supervisión del Ministerio de Salud Pública ni de la Contraloría General de la República.

Más de RD$200 millones sin respaldo médico

Los ingresos generados mediante este esquema —según la Pepca— superaron los 200 millones de pesos, configurando una posible estafa agravada, desfalco y coalición de funcionarios.

La acusación detalla que los nuevos montos agregados al contrato incluían:

• Examen médico psicofísico y emisión del certificado: RD$1,000.

• Duplicado internacional de licencia (en inglés y francés): RD$806.69.

• Duplicado o renovación de licencias en el extranjero y embajadas: US$25.

Además, la Pepca subraya que esta primera adenda no fue registrada ante la Contraloría General de la República, lo que califica de un acto doloso, pues se habría detectado la irregularidad en caso de haberse sometido a revisión.

Red de cobros y comisiones millonarias

Pocos días después, Gómez Canaán presentó ante el Intrant las empresas PagoRD Xchange S.R.L. y el Banco Múltiple BDI, S.A., proponiéndolas como responsables del procesamiento de los pagos por emisión y renovación de licencias.

Siguiendo esas recomendaciones, el 1 de junio de 2021, Rafael Arias Ramírez firmó un “Convenio para el Cobro de Servicios” con el Banco BDI, representado por Juan Carlos Rodríguez Copello y José Antonio De Moya Cuesta, autorizando a la entidad a recaudar ingresos institucionales y retener una comisión del 10% por cada transacción.

Posteriormente, el 30 de julio de 2021, el funcionario suscribió otro convenio con PagoRD Xchange S.R.L., representada por Manuel Eduardo Mora Vázquez, otorgándole la administración directa de los cobros electrónicos bajo las mismas condiciones, a pesar de que la empresa no estaba registrada ante la Superintendencia de Bancos ni ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Ambos acuerdos delegaban la recaudación y administración de fondos públicos a entidades privadas, permitiéndoles retener una comisión del 10%, porcentaje que, aunque dos puntos inferior al del Banco de Reservas, era cuatro veces mayor al promedio del mercado (4%–5%), según la Pepca.

Un esquema diseñado para desfalcar

Para el Ministerio Público, la combinación de contratos irregulares, cobros indebidos y ausencia de controles constituyó un esquema de desfalco institucional. El expediente sostiene que el examen psicofísico nunca se implementó, que los centros Cemeco nunca existieron, y que los recursos recaudados fueron desviados mediante estructuras financieras paralelas.

La Operación Camaleón, que mantiene bajo investigación a varios exfuncionarios y empresarios vinculados al Intrant, busca determinar la magnitud del perjuicio económico causado al Estado y la responsabilidad penal de los implicados.