El secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, aseguró que la situación es alarmante, ya que “los almacenes están repletos, las factorías no pueden comprar la cosecha local y miles de productores están en riesgo de quiebra”.
De acuerdo con el partido opositor, desde el inicio de la actual gestión gubernamental, el país atraviesa una profunda crisis en el sector arrocero, marcada por la caída de la producción nacional, el incremento de las importaciones desleales y el alza del precio al consumidor, que golpea directamente a la población.
Sánchez Roa recordó que durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina se lograron importantes avances en el sector arrocero, gracias al desarrollo de nuevas variedades del cereal, mayor financiamiento, dragado de ríos, rehabilitación de canales y caminos rurales, así como al fortalecimiento del programa de pignoración.
“Y pese a esos avances, hoy vemos una situación insostenible. En lo que va del 2025, el Ministerio de Agricultura registra 450,045.2 quintales de arroz importado, sin contar los contrabandos denunciados por los propios productores y procesadores”, expresó el dirigente peledeísta.
Según Sánchez Roa, actualmente existen más de 159,090 toneladas métricas (equivalentes a 3.5 millones de quintales) de arroz importado acumulado en almacenes y factorías del país, lo que —a su juicio— constituye una violación a los acuerdos de la Comisión Nacional Arrocera.
El dirigente político precisó que el arroz se cultiva en 21 provincias del país, involucra a más de 31 mil productores y genera alrededor de 304 mil empleos directos e indirectos, por lo que el impacto económico de esta crisis se extiende mucho más allá del campo.
Medidas que propone el PLD para enfrentar la crisis arrocera
Ante este panorama, el Partido de la Liberación Dominicana propuso un conjunto de siete medidas urgentes que, a su entender, podrían aliviar la situación del sector arrocero nacional:
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Suspender por un año las importaciones de arroz, y posteriormente evaluar junto a los productores su posible reactivación, restableciendo además la subasta pública de permisos de importación como mecanismo transparente.
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Vender a Haití un millón y medio de quintales del inventario importado, destinar otra parte a los planes sociales del Gobierno para beneficiar a la población más pobre, y usar el resto para compensar el déficit de producción local.
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Habilitar factorías y cooperativas de productores para acopiar parte de la cosecha nacional y ofrecer servicios de procesamiento ante la saturación de las factorías tradicionales.
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Ampliar el programa de pignoración hasta abril de 2026 y disponer RD$4,000 millones adicionales a través del Banco de Reservas o el Banco Agrícola.
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Pagar los RD$448 millones pendientes a los productores, aprobados en la Resolución 01-2023 (RD$100 por fanega), incluyendo los RD$82 millones correspondientes al remanente del 2022.
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Restablecer y democratizar el subsidio a los fertilizantes, tomando en cuenta a los pequeños y medianos productores, a fin de garantizar la rentabilidad y estabilidad de precios al consumidor.
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Organizar la siembra en dos cosechas anuales (primavera e invierno, o un ciclo con retoño), para mejorar la planificación y el control de plagas y enfermedades.
El PLD concluyó su denuncia haciendo un llamado al Gobierno para que “escuche el clamor del campo dominicano” y adopte políticas que devuelvan la estabilidad y rentabilidad a un sector que, históricamente, ha sido pilar de la seguridad alimentaria y del desarrollo rural del país.
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